Cómo verificamos corredores inmobiliarios
URBIHUB no es autoridad oficial. Ofrecemos un flujo manual auditable que consolida las consultas del usuario a fuentes públicas y oficiales, con evidencia adjunta y credencial verificable por QR. Esta página describe el proceso completo, los datos que tratamos y sus fundamentos legales.
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Registro del corredor a verificar
El usuario crea la verificación indicando NIT (persona jurídica) o cédula (persona natural), nombre comercial y observaciones. No consultamos APIs privadas ni bases de datos cerradas: es un contenedor para trabajo del propio usuario.
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Consentimiento Habeas Data (Ley 1581/2012)
Antes de continuar, se registra un consentimiento explícito con fecha, hora y versión del texto de autorización. Ese registro queda en la verificación y en el historial (audit log). Sin consentimiento no se puede crear la verificación ni publicar credencial.
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Consulta a fuentes oficiales
El usuario abre cada fuente (RUES, matrícula de arrendador de la Secretaría del Hábitat, Registro Nacional de Avaluadores, antecedentes de Procuraduría/Policía, sanciones SIC, etc.), pega el documento y registra el resultado: sin hallazgos, con hallazgo, no aplica, pendiente. Puede adjuntar evidencia PDF o imagen, cifrada en almacenamiento privado.
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Credencial pública verificable
Si la verificación está completa, el usuario puede activar una credencial pública en /verificacion/:token con un QR. La página pública muestra el estado agregado y las fuentes revisadas, nunca notas privadas ni la evidencia. Cada escaneo puede quedar registrado con fines estadísticos.
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Revocación y actualización
Cualquier verificación puede revocarse desde la UI o a través de una solicitud por /pqrs. La revocación retira la credencial pública, registra motivo y fecha, y queda anotada en el historial. Los datos se conservan según la política de tratamiento y se eliminan cuando expira su finalidad.
Finalidad y base legal
El propósito del tratamiento es verificar la idoneidad de personas y empresas que ofrecen servicios inmobiliarios en Colombia, con base en fuentes de acceso público. Nos apoyamos en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y en las leyes sectoriales aplicables: Ley 820 de 2003 (arrendadores), Ley 1673 de 2013 (avaluadores) y el régimen de sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las fuentes oficiales no ofrecen APIs abiertas; los resultados que se registran son responsabilidad del usuario que ejecuta la verificación.
Qué NO hacemos
- No consultamos centrales de riesgo ni fuentes privadas de datos.
- No sustituimos a las entidades oficiales ni certificamos con validez legal.
- No compartimos las evidencias con terceros: son privadas del usuario.
- No integramos hoy proveedores de KYC/identidad automatizada. Cuando lo hagamos, se publicará una nueva versión del texto de autorización y se solicitará consentimiento actualizado.